5. La Oroya (Perú)
Existe un pueblo en el Perú donde las casas, las calles, el hospital, el colegio y unas pocas áreas verdes están cubiertos por un polvo gris. Entre las partículas de esa nube negra que parece arena, hay plomo. El plomo que sale de las chimeneas de una fundición de metales que ha traído trabajo, “progreso” y docenas de historias de niños que no engordan ni crecen y que tragan esa tierra tóxica cada vez que se meten los dedos en la boca.
La Oroya es la capital de la provincia de Yauli en la región de Junín, y lleva el mismo nombre que aquellos mecanismos prehispánicos hechos para cruzar los precipicios de la agreste geografía peruana. Su actividad minera es casi tan larga como su historia, y su expansión (o contracción) a lo largo de casi medio milenio ha estado íntimamente asociado a las fluctuaciones de la actividad minera. En los últimos tiempos las huellas de la actividad extractiva en la zona parecen ser mucho más evidentes, y su delgado y poco oxigenado aire (recordar que el poblado de La Oroya se encuentra a 3,736 metros sobre el nivel del mar), se torna caustico e inhumano. Actualmente en los alrededores de La Oroya se encuentran: la Mina La Oroya a cargo de la CENTROMIN – Empresa Minera del Centro de Perú S.A. y la Mina Complejo Metalúrgico La Oroya (Aire).
La empresa estadounidense que opera el complejo metalúrgico de la ciudad peruana de La Oroya, uno de los sitios más contaminados del mundo, afronta un proceso de sanciones por no haber cumplido normas de calidad del aire en 2007.
A tal punto llegó el incumplimiento de la minera y metalúrgica Doe Run Perú, que los evaluadores de la firma alemana TÜV Rheinland le retiraron el 11 de marzo la certificación ambiental ISO 14001 que le habían otorgado en 2006. El reporte del gubernamental Comité Técnico de Calidad del Aire de La Oroya, al que tuvo acceso IPS, establece que el complejo metalúrgico no cumplió las normas de emisiones anuales de plomo ni de material particulado, cuyo límite máximo era de 50 microgramos por metro cúbico de aire. Hasta la fecha no se ha cumplido la orden del TC, no se han implementado los planes aprobados gracias a la presión de la sociedad civil y el apoyo de algunas organizaciones sociales de base de La Oroya y los esfuerzos se están centrando en hacer que el Estado implemente las medidas cautelares. Hacemos votos para que nuevos horizontes de esperanza y salud se abran para los oroinos quienes merecen vivir en un ambiente sano.
Hasta el momento, el gobierno del presidente Alan García no ha declarado ninguna acción de emergencia para acabar con el efecto nocivo de las emisiones de humo. Sólo se ha pronunciado el Ministerio de Energía y Minas, que anunció que vigilará el PAMA, que obliga a Doe Run a limpiar el aire en el 2009, situación que a juicio de los afectados y de los especialistas trae y traerá graves consecuencias sanitarias al corto y mediano plazo.
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